La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) entrevistó a Ana Pérez Conguache, comisionada de CODISRA en Guatemala, sobre los desafíos de las mujeres rurales e indígenas en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. La entrevista reveló una situación alarmante marcada por la discriminación estructural y el racismo institucional.
Pérez Conguache describió que la situación de las mujeres indígenas y rurales presenta desafíos persistentes en el acceso a tierras, recursos y servicios básicos (salud, educación, justicia), evidenciando brechas de desigualdad.
El racismo estructural y el institucional impactan directamente en sus condiciones de vida y desarrollo, ya que las instituciones públicas a menudo no se adecúan a la realidad sociocultural del país. Un ejemplo de esto son las barreras lingüísticas en el sistema de justicia, donde la falta de intérpretes conlleva la vulneración de sus derechos básicos.
Además, la Comisionada señaló que las mujeres indígenas que defienden sus territorios y su derecho a un ambiente sano a menudo son criminalizadas.
La Comisionada recordó que el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la igualdad y el buen vivir de las mujeres indígenas y rurales, lo que incluye el acceso a la salud, la educación y una justicia especializada (incluida la Ley de Feminicidio).
Un desafío permanente para el sistema de justicia es la necesidad de formación de los operadores para que adquieran sensibilidad cultural y logren terminar con los estereotipos sobre las mujeres indígenas.
Como prioridades legislativas y de política pública, la Comisionada destacó:
Aprobar la Iniciativa de Ley de Discriminación Racial.
Implementar una política de paridad en el acceso a la tierra.
Asegurar que el Congreso dote de presupuesto adecuado a las instancias que trabajan por las mujeres indígenas rurales.
La Comisionada subrayó la importancia de las organizaciones internacionales, como la CIJ, para apoyar los esfuerzos locales. Su presencia es fundamental como garantes y observadores para asegurar el cumplimiento de las leyes y el desarrollo de los procesos legales, especialmente en el monitoreo de los procesos electorales de magistrados y la Fiscal General, instancias que a menudo están lejos de reconocer plenamente los derechos de las mujeres indígenas.
Nim Ajpu - Asociación de Abogados Mayas
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) entrevistó a Ana Pérez Conguache, comisionada de CODISRA en Guatemala, sobre los desafíos de las mujeres rurales e indígenas en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales. La entrevista reveló una situación alarmante marcada por la discriminación estructural y el racismo institucional.
Pérez Conguache describió que la situación de las mujeres indígenas y rurales presenta desafíos persistentes en el acceso a tierras, recursos y servicios básicos (salud, educación, justicia), evidenciando brechas de desigualdad.
El racismo estructural y el institucional impactan directamente en sus condiciones de vida y desarrollo, ya que las instituciones públicas a menudo no se adecúan a la realidad sociocultural del país. Un ejemplo de esto son las barreras lingüísticas en el sistema de justicia, donde la falta de intérpretes conlleva la vulneración de sus derechos básicos.
Además, la Comisionada señaló que las mujeres indígenas que defienden sus territorios y su derecho a un ambiente sano a menudo son criminalizadas.
La Comisionada recordó que el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la igualdad y el buen vivir de las mujeres indígenas y rurales, lo que incluye el acceso a la salud, la educación y una justicia especializada (incluida la Ley de Feminicidio).
Un desafío permanente para el sistema de justicia es la necesidad de formación de los operadores para que adquieran sensibilidad cultural y logren terminar con los estereotipos sobre las mujeres indígenas.
Como prioridades legislativas y de política pública, la Comisionada destacó:
Aprobar la Iniciativa de Ley de Discriminación Racial.
Implementar una política de paridad en el acceso a la tierra.
Asegurar que el Congreso dote de presupuesto adecuado a las instancias que trabajan por las mujeres indígenas rurales.
La Comisionada subrayó la importancia de las organizaciones internacionales, como la CIJ, para apoyar los esfuerzos locales. Su presencia es fundamental como garantes y observadores para asegurar el cumplimiento de las leyes y el desarrollo de los procesos legales, especialmente en el monitoreo de los procesos electorales de magistrados y la Fiscal General, instancias que a menudo están lejos de reconocer plenamente los derechos de las mujeres indígenas.
7 months ago (edited) | [YT] | 1
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